Crisis institucional en el Teatro Odeón: investigan sueldos desmedidos de la exadministradora e hija del expresidente

La nueva comisión directiva de la Fundación Odeón denunció penalmente al expresidente de la entidad y a su hija —quien se desempeñaba como administradora— tras detectar sueldos muy por encima del convenio colectivo y sin aval en las actas. El conflicto se cruza con una millonaria demanda judicial que complica el futuro económico de la tradicional sala concordiense.

La principal sala cultural de la ciudad de Concordia atraviesa un delicado escenario institucional y judicial. A raíz de una revisión exhaustiva en los libros contables y actas, la actual conducción de la Fundación Odeón impulsó una denuncia penal contra el expresidente de la institución y su hija, quien ocupaba el cargo de administradora. La medida se da en el marco de un litigio millonario por despido indirecto y reclamos por accidentes laborales.

Sueldos elevados y sin respaldo documental

Los detalles del caso fueron dados a conocer por la abogada Analía Cardozo, integrante y patrocinante de la actual conducción, quien explicó que el análisis de los recibos de sueldo permitió constatar un fuerte desfasaje en las remuneraciones de la ex empleada, Fernanda Aragón, retroactivo al año 2016.

“Nos dimos cuenta de que había una irregularidad en los salarios, es decir, se estaban pagando salarios fuera de lo que establece el Convenio Colectivo de Trabajo, pero muy para arriba”, detalló Cardozo. La letrada enfatizó que las sumas adicionales superaban ampliamente los básicos convencionales y advirtió sobre la falta de transparencia administrativa: “Lo que más nos llama la atención es que no estaban los libros escritos de que se autorizara ese aumento de adicionales que figuran en los recibos de sueldo”.

Desde la defensa institucional recordaron que este tipo de resoluciones salariales requerían indefectiblemente la aprobación y el registro formal en las actas del consejo directivo de la fundación, y no constituían una facultad unilateral de la presidencia.

Acciones legales cruzadas y una demanda millonaria

La investigación judicial no solo apunta contra la exadministradora, sino también contra su padre, que estaba al frente de la presidencia de la fundación al momento en que se originó el conflicto laboral y quien respondió inicialmente a las cartas documento enviadas por la demandante.

Ambos fueron formalmente denunciados para que la Justicia determine responsabilidades ante la falta de respaldos documentales que justifiquen las decisiones administrativas adoptadas.

Este trasfondo salarial impacta directamente en la pretensión económica de la demanda actual. Aunque no se divulgaron los montos exactos de los haberes percibidos en su momento, la abogada confirmó que el reclamo indemnizatorio impulsado por la exempleada supera la cifra de un millón de dólares. A su vez, aclararon que la demanda por despido indirecto recae sobre la fundación, mientras que los reclamos por accidentes de trabajo corresponden al ámbito de la Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART).

La actual comisión directiva —que asumió la conducción en marzo— advirtió que el pago prolongado de estos salarios extraordinarios aceleró el ahogamiento financiero de la entidad, incrementando de manera exponencial las deudas en concepto de cargas sociales, aportes sindicales y obligaciones fiscales.

De esta manera, el conflicto actual profundiza un panorama que ya registraba serias dificultades de liquidez hacia finales de 2024, poniendo en riesgo la estabilidad y continuidad operativa de la emblemática sala cultural de Concordia.